La creación de una segunda instancia penal en Costa Rica

09 de Noviembre, 2009 | Pacheco & Delgado Asesoría Legal | 0 comentarios.

El proyecto de ley para crear la segunda instancia en nuestro país ha despertado todo un debate jurídico- político, en el cual proponentes y opositores han estado  dedicados tácitamente a la discusión no de los méritos del proyecto, sino a su necesidad y a las implicaciones en relación a celeridad de los procesos penales y a la saturación de los de las diferentes instancias judiciales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara con respecto a su sentencia y a la obligación del país en cuanto a la creación de dicha instancia para poder obtener una revisión integral de las sentencias y brindar a su vez mejores condiciones y oportunidades procesales para los imputados y condenados. Desde que se condeno al país en julio del 2004, se han dado ciertas modificaciones en cuanto al proceso penal, con la esperanza de poder  cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales en relación a la materia, sin que esto representara  la creación de  una segunda instancia y por ende  una alteración significativa a la estructura del Poder Judicial.

La eficacia de dichos cambios estuvo en duda desde un principio y las críticas no se hicieron esperar, creando así un profundo debate entre precursores y opositores que sería resuelto el 09 de julio por el fallo definitivo de la Corte Interamericana, en el cual se constató la persistencia de dicho incumplimiento. A pesar del reconocimiento por parte de la Corte al Estado Costarricense por  los esfuerzos realizados a partir de la sentencia condenatoria, no se dio por satisfecha  y anunció la celebración de futuras audiencias para revisar el cumplimiento de dichas obligaciones. Específicamente el reclamo es por la ausencia de un verdadero recurso que permita que un tribunal superior o de segunda instancia revise la sentencia penal emitida por un tribunal de primera instancia.

Ante lo señalado por la Corte Interamericana, lo opositores argumentan que la aprobación del proyecto de ley de creación de la segunda instancia no es necesaria para cumplir la sentencia original, ya que según ellos los cambios realizados a la legislación desde el 2004 garantizan la revisión integral de las sentencias. No obstante, la Corte autora mantiene su posición condenatoria y respalda a la Comisión Interamericana, por lo tanto, el caso debe darse por cerrado en cuanto a la necesidad de crear una segunda instancia, ya que lo contrario sería desobediencia.
En conclusión, la creación de una segunda instancia penal, someterá a nuestro sistema a una serie de retos  y complicaciones adicionales a las que ya nos enfrentamos, pero será necesario enfrentarlas y resolverlas de manera pronta y eficaz  para así  ponernos a derecho y en línea con los requerimientos internaciones de respeto a los derechos humanos.

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